Garantizar el acceso a agua potable es la necesidad que toma fuerza en la conmemoración del Día Mundial del Agua, que impulsa Naciones Unidas cada 22 de marzo.
La Tierra es también conocida como el “planeta azul”. Y el motivo resulta bastante evidente: más del 70% de la superficie corresponde a agua, de la cual sólo el 3% es dulce, y menos de la mitad está en estado líquido. Es el recurso más importante para la humanidad y está presente en todas sus actividades sociales, económicas y ambientales. Con el objetivo de proteger este recurso y garantizar su existencia para las futuras generaciones es que las Naciones Unidas conmemora cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua.
La sequía y el alza en las temperaturas son fenómenos que hacen necesario abrir el debate sobre la necesidad de gestionar y cuidar los recursos hídricos. Ejemplo de ello fueron las temperaturas registradas en la zona centro-sur del país durante febrero, que alcanzaron números históricos. En Chillán fue el febrero más cálido desde 1960 y en Concepción, el de mayores temperaturas de los últimos 8 años.
El investigador del Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la UCSC, Pablo González, explica que “independiente de lo ocurrido durante febrero de este año en la Región del Biobío y Ñuble, el Estado, a través de políticas públicas, tiene el deber de garantizar el acceso al agua en aspectos como cantidad y calidad para toda la población, tanto en zonas urbanas como rurales. Sin duda, los incendios que tuvimos en el verano nos hacen reflexionar sobre la importancia del agua para las personas y los ecosistemas, como, por ejemplo, respecto a la mitigación de los riesgos de incendio en terrenos de vegetación seca y de escasa humedad”.
Ante esto, de acuerdo al profesional de la UCSC, que además participa en el proyecto “Seguridad hídrica para la adaptación al cambio climático en la Región del Biobío” financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R 2022 del Gobierno Regional del Biobío, uno de los principales desafíos para el territorio en materia de seguridad hídrica es instaurar de forma piloto los “consejos de cuenca”.
“Esto permitiría transitar desde un enfoque del manejo del agua centrado en un solo tipo de usuario como es el productivo, que aborda el sector agrícola o minero, a un manejo más integral que tenga en consideración el concepto de seguridad hídrica, categorizando el uso prioritario del agua a las personas y los ecosistemas, disminuyendo los conflictos por el agua. En este sentido, las iniciativas que llevan a cabo las Organizaciones de Usuarios del Agua, que son los que administran el agua hoy en día, se integran a esta nueva forma de gobernanza que permite que, tanto las personas con derechos de agua como las que no, puedan presentar sus inquietudes y decidir sobre los recursos hídricos particulares de una cuenca”, detalla.
Seguridad hídrica
Entre las regiones del Biobío, Ñuble, y Araucanía se quemaron más de 300.000 hectáreas, donde gran parte del área rural incendiada correspondió a plantaciones forestales, lo que representa una importante actividad económica en estas regiones.
El investigador del CREA agrega que “también existen otras actividades que se vieron afectadas y que impactan la economía de las regiones y de las familias. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) catastró el daño generado en actividades agrícolas de subsistencia, actividades de viñedos en el sector de Itata, y la actividad apícola. En cuanto al impacto social en relación agua, se perdieron más de diez instalaciones de agua potable rural (APR). Esto tiene un impacto directo en el abastecimiento de agua para las familias, quienes además sufrieron la pérdida de sus hogares y entorno natural debido a los incendios”.
En esta línea, el proyecto FIC de Seguridad Hídrica aportará desde dos puntos fundamentales. De acuerdo a Pablo González, “por un lado, esperamos realizar actividades destinadas a evaluar la calidad y cantidad de agua en las provincias de Biobío y Concepción. Por otro lado, podemos señalar que, uno de los puntos fuertes, es que estamos trabajando en un catastro sobre los Servicios Sanitarios Rural y las APR para plantear las necesidades desde el punto de vista administrativo y de sus instalaciones, además de verificar la calidad de agua que proveen estos servicios”.