La discusión sobre el acceso a los estudios superiores y su relación con los dispositivos de admisión es contingente al contexto histórico en que se plantea.

La noción del Estado docente incorporó ya en las postrimerías del siglo XIX la ambición democratizadora de la cultura y de la movilidad social característica del ethos mesocrático. La expansión de las oportunidades educacionales desemboca en la década de 1960 en la demanda social por una educación superior  más inclusiva. La sociedad de la época pretendió resguardar la “igualdad de oportunidades” distribuyendo éstas mediante la discriminación en base a la “aptitud académica”, la que sería independiente de las circunstancias sociales y un buen predictor del rendimiento académico. Se inventó entonces la PAA.

A comienzos de este siglo se desplazó el foco a las habilidades y conocimientos adquiridos en la experiencia escolar, lo cual –supuestamente- sería más equitativo y justo, por disminuir el “coeficiente de herencia” en la distribución de oportunidades. Se inventó entonces la PSU. Para nadie es novedad que hay más dudas que certezas sobre sus efectos en la brecha socioeconómica.

Los últimos años han visto surgir los conceptos de equidad e inclusión, desafiando la abstracción universalista de la igualdad de oportunidades y la pretensión de las universidades de predecir el rendimiento, para hacer más fáciles sus procesos docentes. Gracias a la movilización estudiantil, el tema se ha desplazado definitivamente del tecnicismo psicométrico hacia la agenda de la política social. En el contexto de un sistema de enseñanza rigurosamente segmentado por la capacidad de pago de las familias, ya nadie cree que el mérito pueda medirse independientemente de las circunstancias concretas del estudiante.

Así, asistimos hoy a una demanda de mayor inclusividad, por la vía de cambios en la metodología de admisión de estudiantes. Proliferan las propuestas de diversificación en los criterios de selección al amparo del valor superior de la equidad, más que al del mérito abstracto y la predicción del rendimiento.

Las universidades no pueden desoír la demanda social y tienen la palabra.

Daniel Casanova Cruz
Director de Admisión y Registro Académico
Universidad Católica de la Santísima Concepción

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